La Ley de Masificación de Gas Natural aún no es una realidad en el Perú, debido a que el Ejecutivo observó la autógrafa, presuntamente, por intentar beneficiar a empresas de capital extranjero, autorizando así un monopolio antinatural. El presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, José Ignacio Beteta, afirmó que esta medida perjudicará a cientos de familias peruanas y a las pequeñas industrias regionales.
La Ley de Masificación de Gas Natural fue aprobada el 14 de noviembre de 2023 por el Congreso de la República con 103 votos a favor y ninguno en contra. Pese a la firme decisión del Parlamento, el Poder Ejecutivo decidió observar la autógrafa, porque quería cambiar el tope del subsidio que la Ley ya incluía. En un primer momento, el documento aprobado planteaba que el usuario que reciba el subsidio tenga un tope de 50,000m3 de gas al mes (3,600 balones de gas al mes), sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), en ese momento presidido por el cuestionado Oscar Vera, planteó que el sea de 900,000m3 al mes.
Para José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, “quienes presionan para que el tope sea de 900,000m3, buscan incrementar el volumen de gas que comercializan las concesionarias actuales de modo que tengan mayores ingresos que a la vez podrían invertir y destinar a mayor infraestructura y tendido de redes. Sin embargo, la data dice todo lo contrario: la velocidad del tendido de ductos y redes la pone el FISE; las empresas concesionarias más poderosas en Perú son solo 2 e incrementar sus ingresos solo generaría la imposibilidad de generar un mercado competitivo, abierto y transparente”.
El nuevo tope máximo permitía que grandes industrias accedan al beneficio, pese a que la masificación de gas estaba dirigida a las familias y pequeñas empresas locales en regiones estratégicas del país. Hasta el momento, la Ley no fue discutida nuevamente en el Congreso. Esto pone en riesgo la óptima distribución de este recurso y, además, surge un problema mayor: aparentemente se estaría autorizando un monopolio ilegal.
Detrás de los intereses de la masificación de gas está Cálidda y las dos empresas que conforman su junta de accionistas: Grupo Energía Bogotá y Promigas. El mismo día que el Ejecutivo observó la ley, la empresa presentó una adenda donde solicitaba su participación en el mercado del gas natural en Junín, Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Huancavelica y extender su concesión en Lima y Callao por 10 años. Si se hubiese aprobado su solicitud, se estaría abriendo paso a un monopolio antinatural, debido a que las empresas que conforman Cálidda ya comercializan este recurso en Lima, Callao, Ica, Piura, Áncash, La Libertad, Lambayeque y Cajamarca. Es decir, ambas firmas colombianas tendrían bajo su poder 15 regiones.
Pero hay más. Cálidda presentó su adenda solo un día después de que observarán la autógrafa aprobada por el Congreso, pero, durante el periodo de evaluación de la solicitud de la compañía de distribución de gas, el Estado firmó una serie de convenios de concesión de tierras con los Gobiernos Regionales de Cusco, Junín, Huancavelica y Ayacucho. Pese a que el Minem emitió un escueto comunicado negando haber aprobado la adenda en tiempo récord y estar presuntamente beneficiando a la empresa de capital extranjero, se conoció que, el 24 de noviembre de 2023, el sector participó en un Foro Regional sobre masificación de gas, donde Cálidda también estuvo presente.
A esto se suma que el exministro Oscar Vera comentó en un programa radial, el 26 de noviembre de 2023, que el MINEM ya se encontraba firmando contratos con las empresas que se encargarían de distribuir el gas. Acaso tenía en mente beneficiar a Cálidda al ofrecerle la total distribución de este recurso en regiones, pese a que estas acciones incurrirían en prácticas poco transparentes que petardean la libre competencia en el mercado?
Fuente: Vigilante
